El Futuro Incierto De Las Escuelas Públicas De La Florida

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Privatización

Por Ketty Rodríguez

10 de Enero 2012

 La situación de las escuelas públicas es mucho más compleja y crítica en el 2012 si la comparamos con el año pasado, con sólo mirar las leyes que entrarán en vigor y las medidas que los propios electores pudieran aprobar.

 Sin más rodeos, la intención de los legisladores en relación al sistema de escuelas públicas, se puede abreviar con una sola palabra: privatización.

¿Quién hubiera pensado hace años que en una democracia como la nuestra, que respeta los derechos de los ciudadanos, alguna vez se pudiera estar hablando de privatización? Hablar de privatización no es necesario cuando con el dinero que todos pagamos con los impuestos, está destinado a cubrir las necesidades educativas y sociales. Ese es  dinero público que va a las arcas del estado es para beneficio de todos los residentes de la Florida, y ¿qué mejor beneficio que invertir en las escuelas públicas para que tengan excelentes instalaciones, los mejores maestros y los más avanzados programas educativos, que escuelas privadas –ya sean religiosas o laicas- no pueden pagar?

El respeto del dinero público podría perderse, si la actual Legislatura con el uso de nuevas leyes, logra que el dinero de los impuestos que siempre ha sido reservado para escuelas públicas, se desvíe e invierta además en las escuelas privadas, a pesar de que en los últimos años las escuelas públicas han sufrido fuertes recortes en sus presupuestos, obligando a los administradores a despedir maestros, congelar sueldos y eliminar programas.

Cabe hacerse una pregunta muy simple: si en su casa escasea el dinero, ¿usted se lo va a “regalar” al vecino, para que éste haga negocios con él? Si la Legislatura se queja de los escasos fondos en sus arcas, y cada año destina menos dinero a las escuelas públicas, ¿es lógico que elabore leyes para repartir el “poco” dinero público a las escuelas privadas, algo que ha sido catalogado como inconstitucional? ¿Tiene sentido hacer esto? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de entregar el dinero público a escuelas privadas –ya sean religiosas o laicas-¿

Al parecer, la repuesta pudiera estar la creación de una gran estructura de escuelas charter y privadas –ambos son negocios lucrativos- y debilitar poco a poco a las escuelas públicas, al negarles el dinero que merecen. El resultado sería: despidos de maestros, escuelas sin recursos tecnológicos para implementar nuevos programas, imposibilidad de mantener y/o remodelar las viejas instalaciones escolares, para al final,  tener escuelas deficientes a las que nadie quiere asistir.

Las escuelas públicas a diferencia de las privadas, tienen el deber constitucional de proveer educación a todos los niños por igual, sin importar condición socio-económica, racial o estatus migratorio. Todos tienen derecho a la educación, y así lo dispone la Ley máxima del estado, por eso debemos protegerlas, velar por su buen funcionamiento y asegurarnos que reciban los fondos necesarios para que nuestros hijos reciban la mejor educación, porque para eso, todos pagamos.

Muy distinto es que usen nuestro dinero para financiar escuelas privadas, que ven la educación como un negocio. Esto no es criticable, y menos en una sociedad de libre mercado y competencia económica como la nuestra. Aquí lo criticable es que se use el dinero público para que las escuelas privadas se beneficien aun más. Las escuelas privadas tienen derecho de hacer negocio con la educación y a lucrase, pero con el dinero de aquellos padres que puedan pagar, y NO con el dinero público que aportan todos los residentes del estado. 

 El peligro de la enmienda 7

¿Qué es la enmienda 7 y qué propone? La enmienda 7 es una propuesta para modificar la constitución estatal, y está incluida en la boleta electoral del 6 de Noviembre de este año. De ser aprobada con el 60% de los votos, permitirá  a colegios e instituciones religiosas recibir fondos públicos, si participan en programas del estado. Por años, las instituciones religiosas han estado excluidas de recibir fondos públicos, siguiendo el principio de separar la iglesia del estado.

En La Florida, La Legislatura pasando por alto el sagrado uso del dinero público, ha incorporado la enmienda 7 en la boleta electoral, a pesar de que el juez de Circuito del Condado León, Terry Lewis lo prohibió. Sin embargo, y pasando por encima del dictamen del juez, la Procuradora General de la Florida (Florida Attorney General) Pam Bondi, reescribió la enmienda y la colocó de nuevo en la boleta,  por una ley que así lo permite.

Como ven, la Legislatura de la Florida -de mayoría republicana-  tiene la idea fija invertir fondos públicos en escuelas privadas, aunque esto perjudique a las escuelas públicas del estado, que de por sí ya están sufriendo recortes en todas las áreas. ¿A dónde nos quieren llevar? ¿Qué alguien me diga cuáles son las verdaderas intenciones de los legisladores, y por qué tienen tanto interés en repartir un dinero que no es de ellos, sino de nosotros, los residentes y trabajadores de la Florida?

 

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